En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle. Gandhi.


martes, 26 de octubre de 2010

Concentración “Álvaro Úribe: A la Corte Internacional por Crímenes de Lesa Humanidad”

martes, 19 de octubre de 2010

NO PODEMOS CEJAR EN LA LUCHA POR LA SALUD DE TODOS

Desde CAS Madrid (Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad) y la Plataforma Matusalén, agradecemos tu compromiso en la lucha contra la privatización de la sanidad, mediante la firma contra la Ley 15/97.
 
500.00 personas han apoyado esta lucha, exigiendo con su firma la derogación de dicha Ley.
 
Gracias a ello y a pesar de la falta de sensibilidad al respecto de numerosísimos políticos -la Ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, no ha considerado necesario recibirnos-, el Parlamento aprobó el pasado noviembre/09 una proposición de IU instando su modificación (si bien un año después aún no se ha desarrollado).
 
También gracias a ello se ha dado a conocer a la ciudadanía quiénes son los responsables de la privatización sanitaria: aquellos partidos que votaron a favor de dicha Ley (PP, PSOE, CiU, PNV, CC), o los que, sin votarla, garantizan con su apoyo que se abran hospitales privados mientras se cierran camas públicas en varias comunidades autónomas.
 
Y lo más importante: sensibilizar a la opinión pública sobre un problema sistemáticamente ocultado por las fuerzas políticas, y sindicales mayoritarias y por los medios de comunicación: la privatización de la sanidad pública.
 
En estos momentos, y con la excusa de la crisis, se prepara una nueva agresión contra todos los usuarios de la sanidad pública, si cabe aún más grave: la introducción de copagos, tasas o tickets en el momento de la utilización de los servicios sanitarios o en farmacia, lo que de hecho es un nuevo impuesto a los enfermos y que supondrá pagar otra vez por algo que ya hemos pagado (la asistencia sanitaria se financia entre todos, vía impuestos).
 
Es por ello por lo que hemos lanzado una nueva campaña estatal de recogida de firmas y movilizaciones, y te pedimos que colabores firmando y difundiéndola: www.casmadrid.org
 
Para cualquier aclaración o consulta que quieras realizar, puedes localizarnos en el siguiente correo electrónico: info@casmadrid.org
 
NO PODEMOS CEJAR EN LA LUCHA
POR LA SALUD DE TODOS
 
Recibe un cordial saludo de CAS y Matusalén.

Fiesta en la Prospe NO AL DESALOJO

Sábado 23 octubre 2010
A LAS 12 DEL MEDIODÍA
Plaza Prosperidad (Madrid)
Metro Prosperidad, Autobuses 1 y 9
Fiesta: ¡No al desalojo!
La Asociación de Vecinos Valle Inclán de Prosperidad os invita a la

Fiesta de inicio de curso con:


Homenaje poético-musical a Miguel Hernández, en su centenario:

Actuaciones de Max Nitrofoska, Pilar Pueyo, Delfín Yeste, Grupo Musical "Al sur de Europa" y muchos voluntarios más.
Limonada
Poesía
Juegos
Música
Teatro
Sorpresas
La Asociación de Vecinos continúa con sus actividades, mientras espera la amenaza del desalojo por parte de la CAM que preside Esperanza Aguirre.
Los ciudadanos nos necesitan y nos apoyan. El espacio vecinal necesita nuestra asociación por encima de intereses especulativos. Nuestro local es de todo el barrio, es un servicio al vecino, al ciudadano, al público. No queremos que nos lo quiten: ¡No al desalojo!

sábado, 16 de octubre de 2010

Amnistía ve "retrocesos" en la justicia española dos años después de que Garzón quisiera investigar el franquismo

Servimedia, 15 de octubre de 2010 a las 18:54
Amnistía Internacional (AI) lamentó este viernes que España "no ha dejado de retroceder en la lucha contra la impunidad" de los crímenes internacionales cuando mañana sábado se cumplirán dos años de que el juez Baltasar Garzón se declarara competente para investigar presuntos delitos de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el franquismo.
Además, esta organización recordó que mañana será el duodécimo aniversario de la orden de detención de Garzón contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, lo que convirtió a España en "un ejemplo en la aplicación del principio de jurisdicción universal en la lucha contra la impunidad".
AI señaló que en los dos últimos años ha habido "preocupantes pasos" en sentido contrario, al limitarse los casos de justicia internacional que podrían llegar a los tribunales españoles e impedir investigaciones sobre crímenes internacionales cometidos en España.
Entre estos retrocesos, Amnistía lamentó la dificultad de aplicar el principio de jurisdicción universal al reformarse la Ley Orgánica del Poder Judicial en noviembre de 2009, que permite estos casos cuando ha habido alguna "conexión nacional", de manera que han quedado rechazadas las investigaciones de crímenes cometidos en Tíbet y Myanmar.
Además, AI señaló que en la última reforma del Código Penal no se han incluido la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial entre los crímenes internacionales.
Amnistía recalcó que "se perpetúa la impunidad hacia las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo", cuando hay documentados 114.266 casos de personas desaparecidas forzosamente entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951.
Actualmente, Garzón está suspendido de sus funciones por un presunto delito de prevaricación al iniciar una investigación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo y no respetar así la ley de amnistía de 1977.
Para Amnistía Internacional, el incumplimiento de esta ley por parte del juez es "irrelevante", ya que la ley de amnistía contradice el derecho internacional, que establece que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
"Lo más preocupante es que si el juez es declarado culpable, se está lanzando un aviso al resto de los jueces que deban pronunciarse sobre situaciones similares. Y con ello quedaría definitivamente eliminado el derecho de obtener justicia de las víctimas ante los tribunales españoles", señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
Beltrán apuntó que esta situación "está obligando a las familias de las víctimas a recurrir a tribunales extranjeros, en este caso argentinos, para que investiguen las desapariciones forzadas ocurridas en este periodo en España, ante la negativa de los tribunales españoles a hacerlo".

Periodista Digital

lunes, 4 de octubre de 2010

La Justicia tiene su hora


Por Juan Pablo Cárdenas

Cualquiera sea el desenlace de la prolongada huelga de hambre de los presospolíticos mapuche, su testimonio resultará fundamental en la lucha por lademocratización del país y la necesidad de que Chile, su legislación e instituciones velen efectivamente por los derechos humanos. Quienes han arriesgado su vida a tal extremo han logrado sacar al país de su letargo político y despertar la sensibilidad de millones de chilenos respecto del estado de injusticia que afecta a nuestro pueblo fundacional, así como volver a concitar la solidaridad internacional que nos ha acompañado en tantos momentos cruciales en nuestra historia.

Su ejemplo nos ha recordado que es siempre la movilización social la que obtiene los cambios. Que no son las promesas, ni las negociaciones políticas las que alientan la justicia social. Que todo cambio nace de la lucha, la protesta callejera, el enfrentamiento franco con los poderes retardatarios. Y que todo compromiso, en este sentido, siempre entraña arrojo, riesgo, sinsabores e, incluso, tragedias sociales.

Es en esta constatación que se entiende (aunque no se explica) que desde el primer día del gobierno de Patricio Aylwin se haya aplicado una política destinada a desactivar la organización social y silenciar a los medios de comunicación realmente comprometidos con una democracia genuina. Como nos confesara el Embajador de Noruega en la época, tal administración encargó incluso a una Comisión Especial viajar a Europa a demandar la suspensión de toda ayuda a las ONGs , diarios y revistas que habían encendido la protesta y las demandas que pusieron término a la Dictadura Militar. Es también en este cometido de adormecer las conciencias que se explica la debilidad del mundo sindical y estudiantil después de 20 años de post pinochetismo, cuanto que todavía siga vigente la Constitución del Dictador, la aberrante Justicia Militar, así como la llamada Ley Antiterrorista, en realidad un terrorífico cuerpo legal para neutralizar el descontento y aplastar las justas demandas de los excluidos y oprimidos.

En la indolencia y complicidad política de estas dos últimas décadas es que el Presidente Lagos agrega su rúbrica a la de Augusto Pinochet para sacralizar una Carta Fundamental que se prometió derogar con una Asamblea Constituyente. Es lo que explica, también, que el gobierno de Michelle Bachelet haya demandado a los dirigentes mapuches por una Ley que prometió nunca aplicar, pero a la cual se rindió por las presiones ejercidas por la centro derecha para extremar la represión en contra del justo levantamiento de la Araucanía. Los mismos que ahora, desde La Moneda y el Parlamento, se ven forzados a reconocer que la lucha mapuche es justa y que sus acciones no son terroristas.

La unidad y firme resolución de los mapuche tiene, por cierto, descontrolado al conjunto de la clase política. Ni el Ejecutivo, ni el Parlamento se muestran en capacidad de resolver el conflicto planteado por nuestra etnia principal y la resolución heroica de sus líderes. Es más, la Iglesia Católica ha debido reconocer su fracaso mediador o “facilitador”, como eufemísticamente se ha llamado a los esfuerzos de un obispo por avenir al gobierno y a los presos políticos en huelga de hambre. Junto con el reconocimiento que algunos prelados ya hacen en cuanto a que la misión de la Iglesia no es la búsqueda de la mediación o componenda sino el compromiso evangélico con la causa de los pobres y discriminados.

En la búsqueda de una solución digna es que debe ser el Poder Judicial el que intente ahora concebir una solución. Sobre todo cuando consta el repudio que le merece al propio Presidente de la Corte Suprema la vigencia de tribunales militares y que estos se permitan, para colmo, juzgar a los civiles. O cuando sabemos que en privado tantos jueces reconocen que les repugna aplicar la Ley Antiterrorista vigente, cuerpo legal reñido con el derecho internacional, como tantas veces se le ha representado al Estado chileno.

Nada podría limpiar más la imagen del Poder Judicial que la posibilidad de intervenir ante el fracaso de las instancias políticas. Sobre todo si se considera que lo que exigen los presos políticos mapuche no es impunidad, sino juicios justos y ajustados al debido proceso. Una posición más que prudente si se la compara con los despropósitos que han sufrido en los dos siglos que cumple nuestra pretendida república y en otros tres de colonialismo y guerra fratricida en contra de los que ya estaban aquí antes e la conquista española.